Policiales
Jueves 25 de Febrero de 2016

Condenaron por estafas reiteradas a dos personas que "vendían" casas del IAPV

Barrios y Bordón ofrecían casas de Paraná y Colonia Avellaneda en nombre del organismo. Deberán hacer tareas comunitarias y devolver el dinero a los damnificados.  

La jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, doctora Marina Barbagelata condenó a Graciela Barrios y Adolfo Bordón, a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional, por estafa reiteradas, en concurso real, en calidad de coautores materiales.
Entre otras reglas de conducta acordadas por Fiscalía y Defensa en el marco de un juicio abreviado, los condenados deberán realizar trabajos no remunerados durante 3 años, y resarcir a las víctimas con una suma de dinero.
La calificación legal y la pena fueron acordadas por los fiscales, doctores Juan Malvasio y Santiago Brugo, con los defensores oficiales, doctores Emiliana Cozzi y Juan Carlín (por Bordón) y Guillermo Retamar (por Barrios), en el marco de un proceso abreviado en el que ambos imputados reconocieron la autoría y responsabilidad de los 10 hechos.
Los hechos
Entre noviembre de 2014 y junio de 2015, Barrios y Bordón, de común acuerdo, ofrecieron a la venta viviendas construidas por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV), construidas en las ciudades de Paraná y Colonia Avellaneda, careciendo de facultades para realizar esos negocios en nombre de dicho organismo, y aprovechándose de la necesidad de las víctimas de tener una vivienda propia, ocasionándole a los damnificados perjuicios que van desde los 5.000 hasta los 35.000 pesos, según cada caso.
Los denunciantes indicaron que los imputados les ofrecían viviendas sin necesidad de inscripción en el sistema de vivienda social, ya que supuestamente se trataba de unidades que no habían sido sorteadas y que ellos vendían porque tenían “contactos políticos en Casa de Gobierno”.
En la audiencia realizada hoy, sin perjuicio de la confesión, fueron expuestos a la jueza las diferentes evidencias colectadas en la Investigación Penal Preparatoria, que consisten básicamente en los diferentes testimonios de los damnificados y mensajes de texto obtenidos de teléfonos de los damnificados y de computadoras y teléfonos secuestrados en allanamientos realizados en los domicilios de los sospechados.
Después de evaluar los diferentes aspectos del acuerdo, la magistrada resolvió condenar a Graciela Barrios y Adolfo Bordón a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
Además, le impuso como reglas de conducta la obligación de fijar domicilio que no podrá ser variado sin autorización judicial, comparecer periódicamente a acreditar el cumplimiento, realizar trabajos no remunerativos en una institución durante tres años, abstenerse de realizar cualquier tipo de acto molesto o perturbador en contra de las víctimas, denunciantes o testigos, y abonar una suma de dinero que será entregada a las víctimas en forma proporcional a la suma denunciada por cada una de ellas.

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