Trata de personas
Miércoles 07 de Septiembre de 2016

Condenaron a 11 años de prisión a Martínez por prostituir a una adolescente

Es la pena más alta que se ha dictado en Entre Ríos en un caso de trata de personas. El condenado ofrecía a su víctima a clientes en una carpa a metros de Casa de Gobierno.

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó este miércoles a Carlos Martínez a la pena de 11 años de prisión, al encontrarlo culpable de los delitos de trata de persona con fines de explotación sexual y abuso sexual. Su víctima fue una adolescente de 15 años, que había sido captada en la provincia de Salta y luego trasladada a Santa Fe y finalmente a la capital entrerriana.

Se comprobó que Martínez ofrecía a la chica a clientes para que tuvieran relaciones sexuales con ella a cambio de dinero, sin el consentimiento de la víctima. Esto se producía en una carpa que estuvo instalada en la plaza Carbó, a metros de la Casa de Gobierno, por septiembre de 2014.
El Tribunal también hizo lugar al pedido de la Fiscalía de investigar a Gladys Ibáñez, la mujer santafesina que se presume que también intervino en la captación y el traslado de la víctima.
Según se informó a UNO, se trata de la pena más elevada que se ha dictado en la provincia por este delito, y una de las más altas que se ha dictado en el país. Excepto en causas por crímenes de lesa humanidad, el TOF de Paraná había dictado hasta ahora solamente una pena más alta: a Julio Godoy, por narcotráfico, a 12 años; pero la Cámara de Casación Penal luego la redujo a 10.
Los años que deberá pasar Martínez en la cárcel superan a los que pesan sobre César Augusto Vera, alias El Pelado, quien en marzo de este año fue condenado a ocho años.
El fiscal José Ignacio Candioti había solicitado una pena de 13 años, algo que el defensor José Boxler había calificado en el juicio de "excesivo", además de pedir la absolución. El mismo Martínez, al pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal, dijo que es inocente, negó haber explotado sexualmente a la chica y consideró que la acusación era injusta.
Los argumentos defensivos no convencieron a los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, quienes terminaron aplicando una dura condena y sin precedentes en la provincia, por los delitos de abuso sexual y trata de personas con fines de explotación sexual en su modalidad de captación, traslado y alojamiento. Los agravantes fueron el uso de violencia, amenazas y engaño.
El tribunal además rechazó los planteos de nulidad del defensor, quien –entre otros puntos– se había opuesto a la reproducción de la declaración de la víctima realizada en Cámara Gesell. Esto fue un pedido del fiscal para evitar la revictimización de la joven, no exponerla nuevamente ante quien la mantuvo cautiva y la abusó y no hacerla revivir el calvario por el que debió atravesar. Esto sentó un importante precedente en el fuero federal local, donde tramitan varias causas en que las víctimas son personas que han sufrido torturas y vejaciones durante la última dictadura cívico militar.
La adolescente había sido captada en la localidad de El Quebrachal, en la provincia de Salta, y fue víctima de trata sexual en la capital santafesina –en un prostíbulo de la zona de la terminal de ómnibus– y la capital entrerriana. En Paraná primero la mantuvo en un hotel y luego en una carpa instalada en la plaza Carbó, a metros de la Casa de Gobierno de Entre Ríos. En ese espacio público, por esa época había un campamento de ambientalistas que protestaban contra un proyecto de regulación de agroquímicos, situación que el hombre aprovechó para montar su carpa.
Finalmente, la joven fue rescatada cuando junto a Martínez cuando éste intentaba abordar con ella un micro rumbo a Rosario. En un primer momento, obligada por su victimario, la niña dijo que ese hombre era su padre. Luego pudo contar todo lo que había debido sufrir.

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