Policiales
Sábado 20 de Junio de 2015

Condenados por vender droga con la pantalla de un kiosco

Dos parejas fueron a prisión por el delito que desarrollaban en Concepción del Uruguay  

Un proveedor, una aguantadora y dos vendedores era la estructura narco que se pudo desbaratar en Concepción del Uruguay en una investigación llevada adelante por la Policía, que culminó en una condena en la Justicia federal hace pocos días. Tres personas fueron sentenciadas a prisión por la comercialización de drogas en los barrios La Concepción, La Quilmes y Zapata, al aceptar sus respectivas penas en un juicio abreviado.

En abril de 2012 iniciaron las tareas de investigación ante las sospechas por parte de la Delegación Toxicología de la Policía y también de efectivos de la Gendarmería Nacional, sobre la venta de estupefacientes llevada adelante por parte de Jorge Eduardo Ayala en el kiosco que funcionaba como pantalla de la actividad ilícita, en República de Chile 441.

Las vigilancias autorizadas por el Juzgado federal de La Histórica permitieron observar que el pequeño negocio tenía un movimiento incesante de personas, quienes concurrían en diferentes tipos de vehículos, y luego de ingresar al comercio se retiraban rápidamente guardando algo en sus bolsillos.

Con el avance de la investigación se conoció quiénes eran las otras personas que se encontraban vinculadas a la pareja Ayala-Arroyo en la venta de estupefacientes. Se pudo detectar que quien los abastecía de las sustancias ilícitas era Luciano Narciso Coronel, alias Chano.

Además, colaboraba activamente con las ventas de droga al menudeo que se realizaban en el domicilio de la pareja la hermana del sospechoso, Marta Griselda Ayala, a quien sindicaban como “aguantadora” de la droga que se comercializaba en el kiosco. Para este objetivo, la mujer utilizaba su vivienda ubicada en Lucilo López y Chilotegui, esquina noreste, que compartía con su pareja, Rubén Marcelino Servín.

Un año después del inicio de las averiguaciones, el juez federal de Concepción del Uruguay, tras analizar las pruebas colectadas, ordenó tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad donde vivían los involucrados. Los procedimientos fueron llevados a cabo por parte del personal de la Delegación de Toxicología de la Jefatura Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos. En el kiosco de Jorge Ayala se encontró droga (cocaína y marihuana) en escasa cantidad, pero con otros elementos que confirmaban las sospechas de la actividad comercial ilegal. En la segunda vivienda mencionada se encontraron dos recipientes con una planta de marihuana cada uno. Por último en otra casa allanada donde se sospechaba que tenía que ver con la banda narco también se encontraron plantas de cannabis en una maceta, pero su propietario fue sobreseído por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Así fue que con estos elementos se llegó a la instancia del juicio, con cuatro procesados: Jorge Ayala, de 49 años, Rubén Servín, de 53, María Aurora Arroyo, de 55, y Marta Griselda Ayala, de 37. Los acusados reconocieron los hechos que se les atribuyen, y la calificación legal de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En un acuerdo con el fiscal general José Ignacio Candioti aceptaron diferentes penas: Jorge Ayala aceptó cuatro años y seis meses de prisión y multa de 3.000 pesos; Servín consensuó tres de prisión de cumplimiento efectivo y multa de 2.000 pesos. Por su parte Arroyo y Marta Ayala consintieron se les aplique las penas de cuatro años de cárcel y multa de 2.000 pesos.

A su vez, al primero de los mencionados se le sumó una condena que ya cumplía con anterioridad, a tres años de prisión condicional, dictada por el mismo tribunal, por haber sido declarado autor material y responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes. Por eso le unificaron las dos penas en un monto único de cinco años y dos meses de encierro.

Los integrantes del Tribunal Oral Federal de Paraná Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango homologaron el acuerdo de juicio abreviado, y en los argumentos de la sentencia consideraron que “resulta irrefutable que los imputados realizaban una intensa actividad de comercialización de estupefacientes, como ejecutores de un plan. En este acontecer, el modo de conexión con los compradores, -tal como surge de las tareas de inteligencia y de las declaraciones de los agentes del orden-, son datos irrefutables que abonan el destino de comercialización. En consecuencia, ha quedado acreditado que las drogas secuestradas iban a insertarse en el comercio ilícito, expandiendo sus efectos nocivos”.

Guardaba más de 4.000 porros, pero no para vender
Tenía más de medio kilo de droga, pero no se pudo probar que era para vender, fue la conclusión a la que llegó la Justicia para condenar a un hombre por tenencia simple de estupefacientes en su casa del barrio San Agustín de Paraná. Se trata de Alberto Horacio Galbán, de 47 años, conocido como Beto, a quien por casualidad la Policía le encontró en su casa 586,997 gramos de marihuana. Fue en un allanamiento ordenado por la Justicia provincial en junio de 2014 en busca de armas de fuego y cartuchería.

Mientras revisaban la propiedad, los uniformados encontraron en una riñonera 34 porros y seis envoltorios sostenidos con cinta aisladora negra con sustancia vegetal; en una bolsa de nailon un trozo más grande y compacto de igual sustancia, y en otra bolsa 201 cigarrillos de marihuana.

Cuando la Policía arribó a su domicilio de calle Galán de la capital entrerriana, según relataron los efectivos, Galbán se había apostado a los fondos del terreno de la vivienda, ocultándose en un cañaveral, y luego salió corriendo con una mochila, pero fue sorprendido por un policía que le dio la voz de alto. En ese momento el sospechoso quedó “petrificado” y regresó raudamente hacia la casa con la mochila.

En un juicio abreviado, el imputado acordó con la Fiscalía la pena de tres años de prisión efectiva, pero le otorgaron la libertad condicional por el tiempo que estuvo alojado en la cárcel mientras duró el proceso.

La droga que tenía en su poder, según calcularon peritos y especialistas, equivalía a 4.364 dosis umbrales y tenía un valor económico estimado de 7.043,90 pesos. Sin embargo, según se argumentó,“junto al material estupefaciente no se produjo el secuestro de otro elemento que actúe como indicador para sostener que haya estado vinculada al tráfico de estupefacientes”. Por ejemplo, “no se secuestraron balanzas, elementos de corte, anotaciones indicativas de precios y/o cantidades que revelen una actividad de comercio de sustancia, así como tampoco existían tareas de inteligencia y/o investigación que sindiquen al imputado como incurso en actividades vinculadas a la venta de estupefacientes”.

Además, se explicó en la sentencia del Tribunal Oral Federal de Paraná, tampoco existen tareas de inteligencia que sindiquen a Galbán en actividades de narcotráfico. El hallazgo de la sustancia fue casual”.




 

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