Venta de armas
Viernes 30 de Diciembre de 2016

Claudia Mizawak presentó un informe por la causa del robo de armas

El documento ya está en manos de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia presentó ante la Comisión de Juicio Político de Diputados un informe sobre lo realizado para mejorar la seguridad y hacer más eficiente el manejo de los elementos secuestrados en el marco de las causas judiciales. La presentación obedece a que una de las cinco causales de la denuncia por juicio político hecha en su contra apunta al ilícito cometido en el depósito de armas del Palacio de Tribunales, donde una banda compuesta por empleados judiciales -algunos de alto rango - las robaba y las vendía o alquilaba nuevamente a delincuentes.

En su presentación Mizawak señala que hay diferentes aristas en la cuestión: un punto es la investigación penal, que lleva adelante la Fiscalía y de la cual la Comisión tiene copia; otro punto es el sumario administrativo iniciado por el STJ, que está suspendido a la espera de lo que resulte de la investigación penal; y el tercer aspecto es el relacionado a lo que hizo el STJ antes de que surja la denuncia, durante la denuncia y después de la misma.

Durante la denuncia, el STJ colaboró con la Fiscalía, a punto tal que Bertoni pudo ser identificado por informes del Superior, que permitieron el posterior cruce de llamadas telefónicas.



***
Para un mejor control y seguridad


La magistrada indicó que durante 2016 el STJ continuó desarrollando un proyecto de modernización del área encargada de gestionar los elementos secuestrados en el marco de las causas judiciales. Para la sistematización y manejo de los depósitos, se seleccionó un nuevo equipo de personal, se planificaron actividades de capacitación y contactos para la vinculación institucional con otros tribunales provinciales y el Renar. También está en estudio una serie de reformas en los protocolos y reglamentos que se aplican para administrar los elementos secuestrados.

Según Mizawak, ya en 2014 el Superior Tribunal de Justicia comenzó a trabajar para lograr el reordenamiento de la Sección Depósito de Efectos Secuestrados. El tema ocupó la agenda de trabajo del STJ durante ese año y el 2015, a partir del gran crecimiento del número de armas y otros efectos que comenzaron a desbordar los depósitos.

La principal preocupación era contar con espacios más amplios y seguros, como así también, generar un sistema de gestión de los elementos secuestrados más ágil y profesional; todo lo cual se había complejizado notablemente con la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, señaló.

En ese marco, en 2015 se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para agilizar el intercambio de información, mediante un acceso más rápido a los datos de los Registros Nacional de Armas y de Reincidencia (Renar). Así, se estableció contacto con las autoridades del Renar para sistematizar la entrega de armas a ese organismo, para su destrucción. Para ello, el STJ solicitó al área correspondiente la elaboración de un plan de saneamiento del depósito de armas, con informes periódicos de avances de dicho plan. En medio de ese trámite, incluso con informes elevados al STJ por los anteriores encargados del depósito de donde no surgía irregularidad alguna, en enero de 2016 surgió una investigación penal del Ministerio Público Fiscal por la sustracción de armas de fuego de la Sección Depósito de Efectos Secuestrados, que aún está en marcha.

En lo que califica como "avances", la titular del alto cuerpo judicial indicó que a fines de junio de este año el STJ designó un nuevo equipo de trabajo, a cargo del licenciado en Criminalística Héctor Peralta, que colaboró con la Fiscalía y el personal de Robos y Hurtos de la Policía que llevan adelante la investigación penal, brindando información existente en el área.

Al mismo tiempo, se encargó al área de Planificación el diseño de una obra de adaptación de las instalaciones, siguiendo las sugerencias del personal especializado, en cuanto a la adecuación de espacios para lograr la concentración de los depósitos, con específicos requerimientos de seguridad. El área de Efectos Secuestrados centralizará los elementos bajo su custodia en dos locales: uno de amplias dimensiones, ubicado en la planta baja del edificio de Tribunales de calle Laprida 251 de Paraná (en el mismo sector que utilizaba la dependencia, pero de mayor superficie), y otro sector ubicado en el subsuelo del mismo edificio. Ambos espacios contarán con un solo ingreso, con una puerta con características especiales de seguridad, con apertura biométrica, cámaras de vigilancia y un sistema de alarma. Las obras están en proceso de adjudicación y se realizarán con fondos del presupuesto del Poder Judicial, señaló.


Comentarios