La Provincia
Martes 14 de Junio de 2016

Campaña por la niña wichí abusada en Salta

Será en todo el país. El objetivo es "llenar las redes con este pedido de justicia", para que quienes vulneraron los derechos de la niña "se sientan en la obligación de responder", explicaron los organizadores.

Lanzan en todo el país una campaña para pedir justicia por la niña wichí abusada en Salta. También se implementará en Entre Ríos, de la mano de las integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El objetivo es "llenar las redes con este pedido de justicia", para que quienes vulneraron los derechos de la niña "se sientan en la obligación de responder".

Se trata de una "campaña viral para pedir justicia por 'Juana', para visibilizar y concientizar sobre la situación de la niña de la comunidad wichí que fue abusada en Salta", explicó Karime Kandalaft, integrante entrerriana de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Comentó que entre las actividades previstas en todo el territorio nacional, este lunes a las 13 se realizó una concentración frente a la Casa de Salta en Buenos Aires. Previamente, a las 12, se efectuó un "twitazo".

En tanto, a lo largo de la semana se darán a conocer diferentes flyers sobre el tema, que se difundirán a través de la página nacional de la Campaña por el Derecho al Aborto y se replicarán en los sitios provinciales, entre ellos, el de Entre Ríos. Desde allí los interesados podrán "descargarlos, compartirlos, usarlos en Twitter, en Facebook, ponerlos de portada", señaló Kandalaft.

"La idea es llenar las redes con este pedido de justicia, para que todos los actores y organizaciones del Estado que vulneraron los derechos de esta niña, reaccionen y se sientan en la obligación de responder", agregó.

Cabe recordar que 'Juana' –no es su verdadero nombre, se la denomina así para proteger su identidad– pertenece a una comunidad wichí en Salta, tiene 12 años y padece un retraso madurativo. Fue violada por al menos siete varones, y como consecuencia quedó embarazada. No tuvo acceso a su derecho al aborto legal y cursó siete meses de gestación. Finalmente, el 3 de junio pasado fue sometida a una cesárea porque el feto era anencefálico.


Declaración de la Campaña

La Campaña nacional por el Aborto legal, Seguro y Gratuito emitió una declaración en torno a la vulneración de derechos sobre 'Juana', niña de la comunidad wichí en Salta.

"Quienes integramos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresamos nuestro repudio por el accionar estatal en el caso de violación de derechos humanos ocurrido en la provincia de Salta, en el territorio de las comunidades de Lhaka Honhat. Una niña de 12 años perteneciente a una comunidad Wichí con retraso madurativo ha sido violada por un grupo de al menos 7 varones criollos.

A pesar de encuadrar su caso en los contemplados como legales en el Código Penal argentino (Art. 86 C.P inc. 1 y 2) y ratificado en el "fallo F.A.L" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Juana" (tal su nombre de fantasía) o M.A.S. (tal sus siglas) no tuvo acceso a la información de su derecho a acceder a un aborto legal violándose su derecho humano a la salud, integridad y dignidad personal, por lo que se vio obligada a atravesar una gestación de alto riesgo para su salud física y mental durante 7 meses.

Recientemente, a la niña se le ha realizado una cesárea en el Hospital Materno Infantil de la capital salteña, al haberse comprobado que se trataba de un caso de gestación de un feto anencefálico que no tuvo sobrevida. Se le realizó una cesárea pudiendo acceder la niña a prácticas menos invasivas se la privó de su derecho no contando con el acceso a la información y de la posibilidad de optar, constituyendo un caso de violencia obstétrica e institucional, (según la Ley 26.485), vulnerando los derechos humanos de la niña, y la familia que la asiste, a ser oída y su opinión tenida en cuenta y en desconocimiento inadmisible de las leyes que protegen sus derechos como paciente (Ley 26.529).

Cuando el caso tomó conocimiento público lxs funcionarixs de diferentes ministerios provinciales se debatieron quien tenía competencia para dar respuesta y asistencia para garantizar a la niña sus derechos. Todos y cada uno de esos ministerios tuvo y tiene injerencia y jurisdicción para actuar, no a los siete meses de embarazo sino al en el momento en que se produjo y denunció la violación, y especialmente antes, de manera preventiva, aplicando el protocolo de violación. Igual responsabilidad le cabe al Ministerio Público Provincial a través de su asesora de menores. La historia de esta niña es un condensado de la violación de sus derechos humanos más elementales, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la justicia y la equidad de género, clase y etnia.

A pesar de la denuncia de violación, el Estado no informó la posibilidad de practicar un aborto no punible, contemplado en el Código Penal. Además la niña no pudo declarar en la denuncia penal sobre su violación por no contar con traductor de su lengua originaria: el wichí. El equipo de salud que la atendió ignoró el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales del Ministerio de Salud de la Nación, que data del año 2011. Los acusados del delito están en libertad por decisión del juez, aún cuando el fiscal penal de Salvador Mazza, solicitó la detención. Mientras una mujer en Tucumán está injustamente condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo, habiendo esperado esa condena presa durante 2 años, los violadores de una niña caminan libres e impunes debido a un sistema judicial que a través de estas prácticas vulnera los derechos humanos de las mujeres y reproduce la violencia institucional.

- La renuncia de los y las responsables políticos de semejante atentado a los derechos humanos en nuestro país;

- Se inicie procedimiento de sumario administrativo a los profesionales de salud que intervinieron en el caso y que desconocieron los derechos de la niña;

- Se repare a la niña M.A.S., víctima de la violencia de género y se aseguren todos sus derechos humanos y los de la comunidad originaria a la que pertenece;

- Que el Estado proceda inmediatamente al reconocimiento de la propiedad ancestral de los territorios de las comunidades de Lhaka Honhat e intervenga para dar solución a los conflictos entre las comunidades wichí y criollos en la zona;

- Inmediata respuesta a la denuncia por discriminación realizada por el director del INADI, delegación Salta, Alvaro Ulloa;

- Medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el caso de la niña wichí y en casos análogos;

- Se respeten los derechos de las niñas, las personas con discapacidad y de miembros de comunidades originarias en todo el territorio nacional;


#JusticiaPorJuana

#‎LibertadParaBelen


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