Educación
Viernes 18 de Noviembre de 2016

Avanza la flexibilización y movilidad curricular en las universidades entrerrianas

Sustituye equivalencias de cátedras por tramos de formación. Adhirieron 63 instituciones, entre ellas Uader, UCU y UTN. La UNER aún no firmó

Un total de 63 universidades firmaron el convenio de adhesión al nuevo sistema que impulsa la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, para poner en marcha un programa que reemplaza el rígido esquema de equivalencias de materias por tramos de formación, de modo de permitir el cambio de carreras sin repetir cátedras. Se trata de una política que básicamente, apunta a flexibilizar y retener alumnos en las universidades argentinas.

Según se informó ayer –tal como había adelantado UNO semanas atrás– el denominado sistema de Reconocimiento de Trayecto Formativo (RTF) tiende a modificar las formas actuales: se trata de un nuevo esquema donde el reconocimiento ya no se realiza por materias, por medio de equivalencias, sino por tramos de formación profesional.

El secretario de Políticas Universitarias Albor Cantard, explicó que el RTF consta de tres aspectos esenciales: una reglamentación macro como es la resolución del Ministerio, que permite a las universidades adherirse; en segundo lugar, acuerdos interinstitucionales para permitir estos reconocimientos y facilitar la movilidad de los estudiantes entre las distintas carreras; y un acuerdo intrainstitucional, es decir, hacia adentro de las universidades para que aquellas que tengan que modificar planes lo hagan.

Todo esto se realiza en un contexto de respeto a las autonomías de cada casa de estudio" agregó el secretario.

"Lo que buscamos es saltar del reconocimiento tradicional por materias que hace que los alumnos tengan que transitar por un trámite de equivalencias muy engorroso y burocrático, a un sistema de reconocimiento por tramos, que es mucho más flexible. El tramo está modulado a través de una determinada cantidad de horas: son módulos de entre 27 y 30 horas que permite a los estudiantes acreditar la formación académica que van obteniendo; al estar reconocido por las distintas universidades permite una flexibilización y movilidad mayor, sumado a que facilitará las movilidades internacionales, tan importantes en el mundo actual", explicó Cantard.

En ese marco, el miércoles 63 universidades públicas y privadas adhirieron al sistema. El acto de firma de convenio se realizó en la sede del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Entre las universidades que adhirieron, figuran la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), no suscribió su adhesión.

"Esperamos que las universidades vayan sumándose paulatinamente, ya que esto es voluntario. Además, pueden asociarse por disciplina o por carreras y no todas al mismo tiempo", comentó Cantard, al tiempo que agregó: "Estamos muy entusiasmados y con mucho empuje, porque es un sistema que permite a las universidades volverse más flexibles, permitiendo la retención de alumnos en las diferentes carreras universitarias".


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Rechazo a uso discrecional de fondos

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) adhirió a una solicitada firmada por distintos rectores de universidades nacionales, en el que se expresa el rechazo a la asignación discrecional de 1.028 millones de pesos.

Durante la votación del Presupuesto Nacional 2017 en la Cámara de Diputados de la Nación –donde la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional obtuvo media sanción–, se aprobó la asignación discrecional de 1.028 millones de pesos, que beneficia a 21 universidades nacionales y excluye a otras 34, cuando muchas de las universidades habían declarado su emergencia presupuestaria.

"Una decisión arbitraria que ignora absolutamente todos los criterios de asignación acordados unánimemente por el Sistema Universitario en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional. Esta decisión pretende destruir un sistema que, aunque seguramente perfectible, estaba consensuado por el total de las universidades públicas en el marco institucional que les confiere la Ley de Educación Superior de la Nación", señala la solicitada.

En tal sentido, exigieron la revisión y redefinición de esa medida, por tratarse de una "asignación arbitraria ajeno a las reales necesidades funcionales de nuestras universidades. Como universitarios y universitarias –entendiendo por ello a la comunidad de agentes que día a día materializamos con nuestras acciones la construcción del sistema universitario todo– exigimos que se aplique un criterio transparente que alcance a todas las instituciones del sistema universitario de manera equitativa".

La comisión directiva de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) se sumó a los cuestionamientos que generó esa decisión del Congreso, de asignar fondos a solo algunas universidades nacionales del país.

"Apoyamos la distribución en todas las universidades nacionales que existen en el país, según las pautas objetivas que se vienen utilizando", expresó la secretaria general del gremio docente, Patricia Riobó.

Los rectores habían dirigido la solicitada a los senadores nacionales.

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