La Provincia
Martes 24 de Febrero de 2015

Asambleas denucian la "criminalización de la protesta ambiental"

Los activistas fueron detenidos en agosto del año pasado luego de manifestarse en la ruta 015, en Concordia.

Luego de que cinco ambientalistas fueran procesados por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, el Foro Regional contra el Fracking cuestionó la decisión del juez de encontrar “mérito para que vayan a juicio por haber intentado impedir un delito contra la salud pública: el fracking". Los activistas fueron detenidos en agosto del año pasado luego de manifestarse en la ruta 015, en Concordia.

El juez procesó a los ambientalistas por el presunto delito de “Entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre” a pesar de que la manifestación, que se desarrolló junto a muchos otros vecinos, consistió en desviar hacia la banquina cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica, aseguró el Foro. "En nuestra protesta no afectamos al transporte público ni al funcionamiento del transporte en general", afirmó en un comunicado.

"Esto abre una causa que criminaliza efectivamente el derecho a la protesta social, uno de los derechos más importantes de la vida democrática. Mediante este tipo de acciones se pretende acallar a los movimientos ciudadanos que demandan a los poderes del Estado que se respeten derechos esenciales de los representados, reconocidos por la Constitución Nacional y el Derecho Internacional", sostuvo el organismo.

"Una causa contra la protesta social es una arremetida muy fuerte contra la democracia, es una forma de intentar obligarnos a no decir nada cuando se cometen delitos contra los pueblos, lo que nos retrotrae a épocas de nuestra historia que no queremos repetir", enfatizaron los ecologistas.

Por otra parte, consideraron que el fallo de Seró contiene una serie de irregularidades que vulneran directamente derechos esenciales como el de la protesta, clave para la vida democrática. "En primer lugar, el objetivo de la manifestación no fue el de alterar o afectar el transporte, sino que persiguió un interés mayor y más profundo: se trataba de proteger la vida ante la amenaza de una industria sumamente peligrosa. Estábamos protegiendo nuestra propia integridad y seguridad y la de nuestra comunidad. A pesar de esto, Gendarmería nos reprimió con el agravante de no existir orden judicial".

También denunciaron que Seró no se hizo eco de las denuncias que hicieron contra Gendarmería por la represión y detención, y además violó los plazos correspondientes para resolver la imputación: tenía como máximo diez días para resolver el procesamiento y han pasado seis meses.

Se puede leer el documento completo en este enlace.

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