El Gobierno Nacional anunció en abril el envío al Congreso de tres proyectos de ley en materia de seguridad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó entonces una iniciativa sobre delitos cometidos en flagrancia, otra que incorpora técnicas de investigación y regula la figura del agente informante y arrepentido, y una tercera propuesta que prevé la penalización del desvío de los precursores químicos.
En la Comisión Penal de la Cámara de Diputados de la Nación hay un dictamen del oficialismo en relación a la figura del arrepentido y otras técnicas de investigación. Si bien el proyecto original no lo tenía, a última hora los legisladores de Cambiemos promueven incorporar estas nuevas figuras al tratamiento de delitos de lesa humanidad, lo que en los hechos implicaría cambiar información por reducción de pena.
Ante esta propuesta de ofrecer impunidad a cambio de información, organismos de derechos humanos de todo el país se declaran en alerta y repudian la iniciativa del oficialismo.
"Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la verdad de lo ocurrido y jamás lo hicieron. Muy por el contrario, las maniobras dilatorias y la voluntad de continuar ocultando sus crímenes han sido una constante: las amenazas y agresiones a quienes promovemos estos procesos de justicia se han sucedido en todo el país así como los intentos de manipulación de las víctimas", sostienen en un comunicado conjunto la organización HIJOS Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Córdoba y Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba.
Las instituciones manifestaron que "preocupa muchísimo" que además se pretenda evitar el conocimiento público sobre las modificaciones propuestas, incluyéndolas a último momento y sin previa consulta a ningún organismo.
"La figura del arrepentido habilita, a criterio del juez, no sólo la reducción sino también la exención de la pena, tanto para condenados como para procesados. Además éste dictamen pretende, mediante la modificación de la denominada Ley Antiterrorista Nº 25.241, la asimilación de actos de terrorismo contra el estado, con los cometidos desde el Estado. En su oportunidad, esta ley fue considerada por amplios sectores de la sociedad argentina, como violatoria de los Derechos Humanos. Ahora, se pretende introducir una nueva vulneración: la impunidad de los autores de los delitos de lesa humanidad", sostienen las entidades.
Los organismos de Derechos Humanos recuerdan que la prohibición del perdón a estos delitos surge de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, la Corte Interamericana de DDHH y la propia legislación de nuestro país. La ley prohíbe que estos delitos puedan ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena.
Fuente: cba24n
Alerta por proyecto de ley que busca beneficiar a genocidas condenados
Organismos de Derechos Humanos repudian un proyecto del Ejecutivo Nacional que propone cambiar información por reducción de pena.
11 de mayo 2016 · 17:56hs