La Provincia
Lunes 27 de Abril de 2015

Advierten la falta de estructura para tratar casos de adicciones

Políticas públicas. Desde el Copnaf reclaman que se instrumenten dispositivos en hospitales públicos. Para el titular del Selca, los efectores de salud cuentan con recursos

Marcelo Comas / mcomas@uno.com.ar

El debate sobre las políticas públicas orientadas a la atención de niños, niñas y adolescentes con problemas de adicciones cobra de nuevo trascendencia. La cuestión se  visibilizó a raíz del pedido desesperado de Mirta Oroño, una madre que reveló que está sola en la pelea por recuperar a su hijo: el joven tiene 16 años, sumido en el consumo de drogas, fue captado por una banda del barrio Municipal de Paraná y ya no escucha la súplica de su madre para que inicie un tratamiento de rehabilitación.

Justamente la mujer, que ya desfiló por todas las oficinas públicas, recurrió al Copnaf, donde le dijeron que estaba todo dado para una internación, pero la medida todavía no se concretó.

La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 sancionada en 2010 establece en su artículo 27 la prohibición de “crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”. También estipula que para el caso “de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”.

Esta disposición plantea un verdadero desafío para las autoridades políticas abocadas a resolver este tipo de situaciones. No porque no se tenga la voluntad institucional para brindar una respuesta, sino porque ante la necesidad de derivar con urgencia a un niño o niña  afectado por el consumo de drogas se revelan falencias dentro del propio sistema.

 Si de rastrear se trata lo que sucede en materia de infraestructura, en agosto de 2014 el Gobierno anunció la construcción de ocho centros de atención para la prevención de adicciones. Tras la firma de un convenio con el titular del Sedronar, Juan Carlos Molina, se conoció que como parte del proyecto se crearían cinco casas educativas terapéuticas para atención y prevención de adicciones que se ubicarían en espacios comunitarios de las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón, mientras que el Centro Preventivo Local de Adicciones, de atención inmediata y derivación, estaría en el ámbito de la capital entrerriana y abarcaría barrios sensibles de la ciudad.

En tanto, los centros de tratamiento de adicciones y rehabilitación de la provincia que forman parte del programa Recuperar Inclusión, se construirían en Paraná y Concordia. “Tenemos noticias de que se va a avanzar con la construcción del centro en Colón, pero no tenemos ninguno en Paraná. Nuestra propuesta es que se habilitara en cada hospital un dispositivo de atención para niños hasta 18 años. Pensamos que ante una internación de urgencia necesitamos que haya una cama, pero hoy la situación es complicada. Por eso nos reunimos con el ministro de Salud y Desarrollo Social, Carlos Ramos”, planteó la directora de Restitución de Derechos del Copnaf, María Pérez.

Sobre el panorama actual vinculado a los casos que van surgiendo y lo que ocurre cuando se debe gestionar un centro de tratamiento especializado, la funcionaria explicó: “Nosotros trabajamos con tres comunidades terapéuticas fuera de la provincia. Pero estamos trabajando en la posibilidad de que existan centros de día, pero también dispositivos específicos de internación y tratamiento en los hospitales públicos de Entre Ríos que sean cabecera de Departamento. De esa manera se pueden prever tres, cuatro o cinco camas, donde podemos atender niños y adolescentes de nuestra población. Empezamos por hablar con el Ministerio de Salud, que se han hecho eco de esta situación, pero debemos seguir trabajando porque todavía no tenemos la creación de estos dispositivos”.

La funcionaria reconoció que no avanzar con este tipo de medidas representa una cuenta pendiente y a la vez genera complicaciones cuando se necesita internar a un adolescente. “Debemos esperar la tramitación de cupos en clínicas privadas y eso nos lleva entre una semana y 20 días”, advirtió en diálogo con UNO.

Esta gestión implica remitir los antecedentes clínicos que avalen la situación, tiene que existir un tratamiento ambulatorio que haya fracasado y posteriormente el centro específico deberá evaluar el tipo de tratamiento y la residencia que es más acorde, previa elevación de un presupuesto y el otorgamiento del cupo.

En caso de prosperar el trámite, el Copnaf adopta una medida de protección excepcional, a los efectos de proceder al traslado y a la internación de la persona. Al referirse nuevamente a la cuestión de fondo, es decir la falta de una infraestructura adecuada para la internación, Pérez subrayó que el Copnaf aportaría el recurso humano para realizar el abordaje de la problemática y el trabajo con el grupo familiar. “La otra columna tendría que llenarla Salud, con los médicos psiquiatras y el dispositivo en sí en cada uno de los hospitales. El ministro Ramos ha estado trabajando en esto, al problema se lo planteamos al tiempo de haber asumido y ahí lo pusimos en conocimiento de cuál era la necesidad. También la hemos charlado con la defensoría general, con el Defensor de Pobres y Menores. Queremos avanzar en conjunto Salud, Justicia, Seguridad”, agregó.

Otra de las pautas previstas dentro de un proyecto integral incluye el establecimiento de un protocolo: cuando se detecta a un chico con graves problemas de adicción se determina cómo actúa cada uno de los estamentos y cuáles son los pasos a seguir para disponer una contención sanitaria.


La ley y su aplicación

La Ley de Salud Mental N° 26.657 implica un avance en materia legal, pero también revela grises en lo atinente a intervención social. En rigor, la norma dispone que los tratamientos sean ambulatorios, favoreciendo el vínculo social y comunitario del enfermo. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en Entre Ríos, trabaja en el proyecto que dispone la adhesión a la Ley Nacional de Derecho a la Protección de la Salud Mental. En este contexto, María Pérez, sostuvo que el Plan Nacional de Salud Mental alentó la creación de “dispositivos específicos para niños y adolescentes”, lo que constituye la principal carencia. La profesional entendió que al darse esta acción “está garantizado un mayor contralor por parte del Estado y a su vez la necesaria interdisciplinariedad que debe darse, trabajando todas las ramas. Eso es a lo que se apunta a través de la Ley de Salud Mental”.

La funcionaria precisó que en la actualidad son 15 los jóvenes que reciben tratamiento. “El último fin de semana tuvimos cuatro chicos en situación y vamos ingresando a medida que los tratamientos ambulatorios no dan resultados. En este momento trabajamos con un dispositivo que es Casa del Joven, que compartimos con Salud Pública, donde se desempeñan profesionales aportados por ambos organismos y es un Centro de Día importante, con distintas propuestas para abordar la problemática. Y también contamos con otro dispositivo que se llama Usuarios de Drogas y Alcohol, que depende del Copnaf”, acotó.

En el cierre de su alocución insistió en que se deben generar las bases para plasmar una infraestructura con nuevos dispositivos. Lo planteó a través de un interrogante: “¿Dónde tratamos a los pibes? No hay una apertura donde nosotros lo podamos tratar desde lo público, nos cuesta mucho, porque cada hora que atraviesa un pibe sin un tratamiento es complicadísimo. Estamos abogando porque esto se resuelva desde lo público, no podemos estar pensando que se resuelva desde lo privado. Falta la infraestructura, o la previsión, la verdad no te podría dar una respuesta o quizás la puedan dar desde Salud con mayor resolución. Estamos de acuerdo en todo, en lo conceptual, en que el tratamiento debe ser ambulatorio, pero hay situaciones que no dan para ser ambulatorias. ¿Vamos a poner o no vamos poner el recurso? Eso es lo que tenemos que definir”.

Con la misma inquietud, este medio buscó indagar por el mismo tema a referentes del área Salud, pero a pesar de la insistencia no se logró encontrar una respuesta a la requisitoria periodística.

Otra mirada

La Secretaría de Lucha Contra las Adicciones (Selca) en Entre Ríos fue creada a partir de un decreto en 2008 para enfrentar el flagelo del uso indebido de drogas y adicciones, abordando casos de personas mayores de edad y con capacidad legal de decisión.

“Nosotros gestionamos ante la Secretaría de Programación de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en el caso de que sea necesario alguna modalidad de asistencia, sea por comunidad terapéutica, hospital de día, internación o tratamiento ambulatorio. Siempre que la persona sea adulta y no tenga obra social, para que Sedronar le pueda dar la cobertura y que esté la voluntad de querer recuperarse”, informó el titular de la dependencia estatal, Mario Elizalde.

Consultado por la injerencia del organismo en comunidades terapéuticas de la provincia respondió: “Se da cuando tienen convenio con Sedronar para cobertura de prestación, si no no hay forma de brindar cobertura legalmente”.

En relación a la temática planteada, el funcionario discrepó con el escenario planteado desde el Copnaf. “Tanto los hospitales de adultos como de Pediatría en la órbita provincial tienen dispositivos en el área de Salud Mental para atender un caso. Salud Pública tiene una Dirección de Salud Mental  y de Adicciones, con todos los programas a los cuales uno puede acceder. Por otro lado, muchos de los hospitales y centros de salud tienen dispositivos que dependen del mismo área. La red pública en el ambulatorio lo tiene, cuando hay que decidir una internación en Minoridad desconozco cómo es el mecanismo”.

“Dentro del ámbito de la salud pública los dispositivos están”, reiteró. Mencionó que entre los efectores públicos que cuentan con los recursos necesarios están el hospital materno infantil San Roque, el Delicia Masvernat de Concordia y el Centenario de Gualeguaychú. “El recurso está, pero cuando hay que generar una internación en el ámbito de la Pediatría personalmente lo desconozco, porque es un área que no está a mi alcance”, puntualizó.

En tanto, manifestó que en la provincia existen tres comunidades terapéuticas que pertenecen al ámbito privado, pero que tienen convenio con el Sedronar. “Nosotros tenemos 40 pacientes que están siendo asistidos en distintas comunidades terapéuticas, algunos en Concepción del Uruguay, otros fuera de la provincia, pero el procedimiento es muy ágil y con una demora lógica”, especificó.

Sobre los pasos previos que se deben efectuar antes de una internación manifestó: “Necesitamos que un profesional del área de Salud Mental haga el diagnóstico preciso, y vemos todos los requerimientos que implican una serie de trámites para certificar que el paciente no tenga cobertura por obra social y por último, una nota donde el paciente expresa que quiere ser atendido”.

“Se trata de crear conciencia de la enfermedad”

Elbio Giordano es director del Centro de Rehabilitaciones en Adicciones Aprender a Vivir, con sede en  la ciudad de Concepción del Uruguay. Allí los pacientes llevan adelante un tratamiento de desintoxicación, bajo determinadas normas de convivencia. “El centro practica el programa de Narcóticos Anónimos, que es un programa de 12 pasos para la recuperación de los adictos, cuya primera etapa está dada por la desintoxicación y la abstinencia. El tratamiento se rige por los grupos terapéuticos de autoayuda: la adicción no tiene cura, ya que se vive en recuperación. Se trata de crear conciencia de la enfermedad que se tiene, debido a que muy poca gente es consciente de las herramientas que se le tienen que dar a un paciente para que se sostenga limpio en el tiempo”, describió en comunicación con UNO.

En el centro se atienden actualmente siete personas de diferentes puntos del país, con rangos de edad que van desde los 9 hasta los 60 años. “El tratamiento puede durar hasta un año, pero depende de la evolución del paciente. He visto altas de ocho meses como he visto altas de un año y medio. Cada proceso es personal”, precisó.

Giordano mencionó que algunas personas llegan en contra de su voluntad, otros que afrontan procesos judiciales y están los que llegan por su propia voluntad. “Hoy en día en una comunidad terapéutica privada se está cobrando alrededor de 12.000 pesos por mes. En mi centro estamos cobrando entre 8.000 y 10.000 pesos”, indicó.

Recordó: “Esta comunidad abrió sus puertas en enero, y pese a su corta trayectoria tengo siete pibes y todos los días recibo llamadas. Hay personas internadas de la provincia de Santa Fe, de Jujuy, de Rosario, de Buenos y de Entre Ríos”.

“Una persona adicta necesita mucho cuidado. Es preferible tener menos pacientes y ocuparte bien de cada uno de ellos. Conozco comunidades donde hay un montón de pibes y donde no se ocupan de ellos. ¿Por qué? Porque son muchos y tienen diferentes patologías”, apuntó para completar su reflexión el director del Centro de Rehabilitación.

Detalles de la noticia

* La Directora de Restitución de Derechos del Copnaf planteó que se debe apuntalar el sistema público y evitar perder tiempo cuando se deben atender casos con suma urgencia.

* 15 - Son los adolescentes que reciben tratamiento en las tres comunidades terapéuticas con las que el Estado entrerriano mantiene convenio en la provincia de Buenos Aires.

* El responsable de la Selca Mario Elizalde expuso cómo se trabaja en el organismo provincial y las acciones articuladas que se realizan con el Sedronar para tratar este flagelo.

 

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