Policiales
Jueves 27 de Agosto de 2015

Adolescentes torturados en Rosario del Tala con graves secuelas

El abogado de una de las víctimas dijo que “se cometió una atrocidad” nunca vista en democracia

En un hecho de una gravedad sin precedentes desde la recuperación de la democracia, la Justicia provincial condenó el miércoles a siete policías acusados de torturar a dos adolescentes en Rosario del Tala. Todo comenzó a fines de marzo de 2012, cuando se conoció la denuncia por el robo de una computadora en la escuela Nº 3 Domingo Faustino Sarmiento. En una radiografía del estado actual de las víctimas, Rubén Pagliotto, abogado querellante de uno de los denunciantes, aseguró que quedaron con graves secuelas psicológicas. “Los chicos quedaron destruidos y todos los informes, tanto psicológicos como médicos, dan cuenta de que las improntas que les quedaron en sus cuerpos son de descargas eléctricas de picanas. Además, las secuelas psicológicas que les quedaron son tremendas y no se van a borrar nunca más”, advirtió. 

El caso

Guiados por algunas hipótesis un grupo de oficiales y suboficiales de la localidad se dirigieron a la casa de uno de los presuntos sospechosos y lo detuvieron, luego hicieron lo mismo con el otro joven. Mientras los trasladaban a la comisaría, detuvieron la marcha del móvil policial, los bajaron y simularon dispararle en la cabeza, según se pudo reconstruir en el juicio oral. Así empezaron para los dos muchachos tres días signados por la extrema violencia, el terror psicológico y métodos que se asemejan a los utilizados durante la última dictadura cívico-militar. Según el relato de Pagliotto, los uniformados aplicaron  con saña todo tipo de vejámenes, que consistieron “en golpes, simulacro de fusilamiento, submarino seco,  hasta coronarlo con la aplicación de descargas eléctricas en los cuerpos de los dos menores con la utilización  de ese aparato nefasto llamado picana eléctrica”.

En el debate también se ventiló que los condenados fueron variando los sitios y escenarios donde consumaban las torturas, empezando por la comisaría de Tala, siguiendo por el arroyo y hasta simulando simulacros el basurero municipal.

Marcha y cuerpos que hablan

Un sector de la comunidad de Tala  todavía parece avalar prácticas ligadas al terrorismo de Estado y que conviven dentro de las fuerzas de la seguridad. Así quedó reflejado en una marcha de silencio convocada a través de redes sociales y de volantes realizada a cinco días de la sentencia en apoyo a los policías condenados, que llegaron al juicio en libertad.  Sumado a esto, durante el debate se analizó como prueba un video que -según Pagliotto- subieron a las redes sociales familiares de los imputados. En en el registro, “con mezcla de perversidad y malicia increíble se puede observar cómo manipulan una picana, e incluso se la aplican entre ellos”, expresó el abogado. Este aporte sirvió para vincular este artefacto y el que efectivamente se utilizó, ya que presentaba las mismas características, indicó el profesional.  

Las pericias médicas revelaron que las víctimas tenían en sus cuerpos las marcas propias que produce la utilización de una picana eléctrica. En tanto, el informe psicológico constató que los chicos no mentían, ya que en su discurso no se denotaba “incoherencia, perseveración, ecolalias (repetición involuntaria de una palabra o frase), pararrespuestas (no correspondencia con la pregunta), pérdida de la capacidad asociativa, fuga de ideas y bloqueo del pensamiento”.  De acuerdo a lo manifestado por Pagliotto a UNO, los jóvenes “ni siquiera tenían por sus propios recursos simbólicos e intelectuales capacidad para inventar semejante fábula y mucho menos para sostenerla durante tanto tiempo, con tanta contundencia y con tanta coherencia”.

Vulnerables por ser pobres

Poder encontrarle un parámetro de lógica a semejante atrocidad, solamente se puede comprender poniendo en contexto el estado de vulnerabilidad de estos dos jóvenes. Pagliotto, en retrospectiva, los ubica en el peldaño más bajo de la marginalidad. “Se trata de pibes que tenían de vez en cuando conflicto con la ley penal, que tenían alguna acusación de robo o de hurto. No se trataba de criaturas inmaculadas: concretamente se les imputaba la desaparición de un teclado de una computadora”, consignó el profesional. Pagliotto recordó el momento de la declaración en el juicio oral de la directora del establecimiento educativo. El abogado no ocultó su indignación porque en su  relato la directiva le asignaba más valor al robo de parte de un equipo de computación que a las torturas sufridas por los jóvenes. Similar reacción tuvo el presidente del tribunal Fabián López Moras, quien la llamó a una reflexión y le preguntó: “¿A usted le parece señora que el teclado de una computadora puede ser comparable con semejante atrocidad?”.

“Nosotros pensamos que esto había quedado sepultado en el tiempo, pero sobreviven bolsones de violencia del pasado para poner en valor negativo. Estas torturas son propinadas por jóvenes oficiales que en promedio no pasan de los 31 años”, subrayó. Finalmente el letrado repudió el silencio oficial y la falta de acompañamiento a las víctimas y a sus familiares durante todo el proceso. “Acá no hubo un solo llamado de parte del Ministerio de Gobierno, ni una sola advertencia de parte de la Procuración General”, enfatizó.

Represión ilegal

La Justicia condenó a ocho años de prisión efectiva a Marcelo José Milezzi, Ludmila Natalí Soto, Héctor Leopoldo Mori, Claudio Marcelo Monroy, Gustavo Daniel Forneron y Neri Andrés Magallán. Mientras que se absolvió de culpa y cargo a Walter Flores Campos y Rodrigo Sebastián Vidal. El debate se realizó en Concepción del Uruguay. 

 

Comentarios