La Provincia
Viernes 06 de Febrero de 2015

Aclaran que los presos no pueden permanecer más de 30 días en alcaidías, salvo excepciones

La prisión preventiva tiene un plazo de 30 días, renovables a 60 días, si se está ante una necesidad procesal. En casos excepcionales, puede extenderse hasta 90 días.

Desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se aclararon algunos puntos sobre la situación de los presos detenidos en las alcaidías, tras el incidente de Concordia en el que un preso mató a un policía e hirió a otro.

 

La aclaración se da tras una reunión llevada a a cabo el miércoles entre el ministro de Gobierno, Adán Bahl, y representantes del Superior Tribunal, con el objetivo de abordar la problemática de detenidos y condenados en alcaidías y comisarías.

 

Tras un largo debate, se decidió el traslado de detenidos y condenados a unidades penales.

 

 

Tras el encuentro el ministro Bahl, expresó que “las alcaidías son para tiempos muy breves, mientras se resuelva la situación de la persona. De ninguna manera pueden ser para personas condenados ya que no cuentan con las condiciones” sanitarias y de seguridad para permanencias largas.

 

Plazos

Asimismo se aclaró que la prisión preventiva tiene un plazo de 30 días, renovables a 60 días, si se está ante una necesidad procesal. Y, en casos excepcionales, puede extenderse hasta 90 días en causas más complejas.

 

En ese sentido se difundió el texto del punto tercero del Acuerdo General Nº 1/15 del alto cuerpo donde se reitera a magistrados y funcionarios del fuero penal de la Provincia, que “las estancias de los procesados en las alcaidías o comisarías se deben limitar a lo estrictamente indispensable para el cumplimiento de los actos procesales, no pudiendo en ningún caso superar los 30 días de alojamiento, debiendo los procesados ser destinados a las Unidades Penitenciarias correspondientes, teniendo presente la necesidad de los alojamientos en pabellones separados de la población carcelaria general”.

 

En tanto, en los puntos segundo y tercero se indica disponer la inmediata aplicación de la medida, para todo detenido en calidad de procesado y comunicar, como se pide, a la Jefatura de la Policía Provincial a los fines pertinentes y al Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

 

Por otra parte, en el punto cuarto se solicita al Poder Ejecutivo, que el Servicio Penitenciario prevea pabellones o unidades de alojamiento separadas de la población carcelaria general para aquellos casos que por razones de seguridad así lo requieran.

 

Asimismo se recomienda a los Ministerios Públicos –Fiscal y de la Defensa- que el Acuerdo General Nº 24/10 del 3 de agosto de 2010 en su Punto 5º indica que se encuentra vigente lo dictaminado al respecto por ambos Ministerios.

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