Javier Aragón / De la Redacción de UNO
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La información oficial y el uso de las redes sociales
Los actos de gobierno son institucionales, lo mismo que la palabra de cualquier presidente de la Nación de este país como de otra parte del mundo. Es el principal dirigente de una república, por lo que no entiendo bien, porqué se lo trata de deslegitimar y se lo llega a menospreciar por el uso de las redes sociales.
Si bien estos medios de comunicación son mucho más rápidos y sencillos de poder expresar, no se debe dejar de lado que lo que se está informando es un acto oficial del titular del Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un principio nos cansó con las cadenas nacionales para hablar de temas más que importantes para el país y hasta la promoción de un baile moderno. En ese extremismo es que hubo críticas a la gran cantidad de horas de transmisión de actos oficiales con ceremonias que -algunas- más bien parecían de campaña política y que rozaban el límite de lo oficial con lo partidario. Sin embargo en los últimos días la mandataria se fue para el otro lado con un llamativo silencio que si se hubiera mantenido para ser respetuoso de la investigación judicial por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman, se lo podría entender desde la lógica sana.
El problema es que Cristina, comenzó a twittear opiniones e información que no son al pasar, son las formuladas por la Presidenta que reflexiona o cuenta lo que cree o piensa sobre el deceso del funcionario judicial, que casualmente la había denunciado por el delito de encubrimiento y mal desempeño de los deberes de funcionario público en la causa por el atentado de la AMIA.
Reitero, estamos en un país libre por el cual se puede opinar y decir lo que se nos plazca, pero también hay responsabilidades a la hora de informar y a la hora de estar al frente de una institución. No todo en la vida es política, partidismo y enemigos internos o externos.
Por primera vez en la historia de la Argentina un fiscal de la Nación apareció muerto en extrañas circunstancias cuando investigaba el atentado de la AMIA y sus vinculaciones con un aparente acuerdo por impunidad con el gobierno de Irán. El tema de por sí es muy grave y no es para tratarlo desde la Presidencia de la Nación con especulaciones o referencias a través de la redes sociales.
Lo que se espera de parte de la población es que esta Presidenta que fue acusada por un grave hecho y que desde el Gobierno se minimiza tal presentación judicial, es que se hable claramente sin especulaciones políticas y poniéndose a disposición de la Justicia para que esta muerte se aclare hasta las últimas consecuencias.
No podemos enterarnos que por una carta se tome la palabra de la Presidenta que tiene antecedentes de ser una gran oradora y pueda informarnos qué pasa en la Argentina donde una autoridad judicial murió en medio de una imputación al Poder Ejecutivo. El tema de por sí necesita seriedad, responsabilidad y un comportamiento institucional a la altura de las circunstancias. No estamos en los clásicos debates partidarios electorales tratando de sacar algún tipo de rédito ya sea desde el gobierno, como de la oposición.
Aún estamos esperando la convocatoria de la Presidenta a la sociedad argentina a estar unidos, repudiando la muerte del fiscal (que en las tres hipótesis: suicidio, suicidio inducido u homicidio) fue la peor noticia institucional para la República.
En cualquier país serio, el Gobierno hubiera llamado a todos los sectores, de derecha e izquierda a hacer un frente común contra la posibilidad de que, como dijo la Presidenta por twitter, grupos mafiosos sean capaces de realizar actos muy graves contra la Nación.
Para otro momento quedará el tiempo de analizar si la denuncia de Nisman era contundente o no, o si este Gobierno no pudo manejar los servicios de inteligencia, lo cierto es que para mantener la institucionalidad del país se debería actuar con la responsabilidad que el cargo exige.
La cadena nacional está para su uso en situaciones graves, de suma urgencia, de necesidad institucional, como lo es la muerte de un fiscal de la Nación.