Están en el horno

18 de mayo 2016 · 06:45hs
Lucila Tosolino / De la Redacción de UNO
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El lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias, para hacer cumplir la ley y proteger la integridad de los ciudadanos, ahora pende de un hilo. Su credibilidad  se esfumó y, por estos momentos, está empapado de corrupción, desidia y codicia.

Hace más de una semana, un escándalo azotó la puerta de los Tribunales de Paraná y dejó en el tapete la falta de transparencia, el desorden, la inoperancia y la ausencia absoluta de ética y moral que tienen algunos “profesionales” que se desempeñan en este edificio.

El robo y venta de armas, junto a otros elementos que acumulan polvo en la Sección Depósito y Efectos Secuestrados, deja entrever la actitud aparentemente cómplice de quienes trabajan en ese lugar, sin omitir la ironía de la situación. Mientras que por una puerta de los Tribunales entra una familia a reclamar justicia por la muerte de un pariente, por otra, un arma es intercambiada por varios pesos con el objetivo de engordar la billetera y sin importar la cantidad de sangre que es derramada. 

Balaceras. Homicidios. Adolescentes o jóvenes drogados que roban empuñando un revólver. En todos estos hechos siempre hubo y hay armas de fuego. Tiempo atrás, muchos se preguntaron de dónde salían y ahora se confirmó: el tráfico ilegal de pistolas o escopetas -por no entrar en detalles- tiene parte de su raíz en los Tribunales de la capital entrerriana. Vaya chiste, ¿no? 

Cuando algunos de estos “profesionales” se deberían ocupar de destruir esas armas de fuego y evitar que vuelvan a la calle, ellos se aseguraron de hacer todo lo contrario, sin importarles que la pistola que figuraba en un expediente no esté más en el Depósito y sí en manos de vaya a saber uno quién y con qué objetivo.

Quizás fueron ellos los que permitieron que una pistola pasara de mano en mano y así cobrara una deuda, una venganza. Tal vez fueron ellos a los que no les interesó que el arma que vendieron fuera la protagonista de una balacera en algún barrio a cualquier hora del día y obligara a niños y maestros a enterrar su cuerpo en el piso y así evitar un desenlace fatal. Puede que fueron ellos a quienes no les importó que haya personas armadas paseando por las calles de la ciudad y que ocasionaran que más de un inocente resultara herido.

Genera impotencia, indignación, que en el lugar que debe protegernos, cuidarnos y asegurarse de que se cumplan las leyes y se haga justicia, haya ocurrido algo que apunta a todo lo opuesto. Es tiempo de sacarse el velo y darse cuenta de que el tráfico ilegal de armas existe en la provincia y va de la mano, sin duda, de las drogas.

Los implicados en el robo y venta de armas están en el horno. Pero, más aún lo estamos nosotros, la sociedad, porque ahora nos encontramos abrumados de desconfianza y escepticismo debido a que fue el Poder Judicial el que no controló un área como lo es la Sección Depósito y Efectos Secuestrados.
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